DEL DELITO SOCIAL

OCTAVIO QUINTERO
30-10-08

Todos asumimos a primera vista el término ‘delito’ como algo que infringe la ley, por lo cual, alguna autoridad competente nos puede privar de la libertad. Es lógica esa interpretación prevaleciente del término delito, dado que es su primera acepción en el diccionario de la RAE que lo define como culpa o quebrantamiento de la ley.
Esta tendencia a definir el sentido de las palabras por su primera acepción comporta un descuido en nuestra formación escolar, pues, pocas veces, por no decir nunca, el profesor de español estudia con sus alumnos la definición completa de los términos, es decir, sus distintas acepciones, algunas de las cuales resultan a veces hasta contradictorias entre sí.
Por ejemplo, vean el término ‘villano’. Yo confieso que hasta hoy lo asociaba primordialmente con la actitud de una persona malvada. Y creo que muchos conmigo tienen la misma idea, al punto que es popular oír decir, a manera de queja, que siempre lo tratan a uno como al “villano de la película”.
En las distintas acepciones de ‘delito’, encontramos que no sólo es delito robar o matar, sino también comer tanto o malgastar la plata debido a que constituyen acciones o cosas reprobables.
Yendo más allá, en la segunda interpretación de la tercera acepción del término delito, la RAE dice que delito común es “el que no es político”. Con ello nos indica que también hay delitos políticos como aquellos que cometen los gobiernos autoritarios en defensa de su propio régimen.
Si en la segunda acepción se considera que delito también es toda aquella acción o cosa reprobable, entonces, podríamos asumir como delito social toda acción o cosa que sobreponga la eficiencia económica de las empresas por encima de los derechos y la dignidad humana, por ejemplo.
En este orden de ideas vemos como mueren las personas a la puerta de los hospitales porque no tienen como pagarse un vomitivo; o como dejan de ingresar o salen de las universidades prominentes talentos humanos por falta de recursos económicos, mientras el Estado gasta miles de millones de pesos, muchos de ellos a discreción de los ejecutores, en su política de seguridad democrática cuyo fracaso es evidente por no haber brindado al cabo de estos largos años del régimen uribista, la promesa del respeto a la vida y, en cambio, haber contribuido a deleznar la calidad de la democracia.
En otras palabras, insistir en la seguridad democrática no sólo constituye un delito político en cuanto es una defensa de un régimen autoritario sino un delito social en cuanto está destinando los escasos recursos del país en gran parte a gastos militares con miras a la guerra en vez de enfocarlos hacia la paz social que se representa en vivienda, salud, educación, seguridad social y trabajo digno.
En el orden de la interpretación que el eminente profesor Noam Chomsky da en su último libro al abuso del poder y la agresión a la democracia, no cabe duda que Uribe lleva a Colombia por el camino de un estado alevoso, mafioso y fracasado.
1).- Alevoso por lo que hemos descubierto en el DAS, destinado a hacerle seguimiento de inteligencia a la oposición y los sindicatos; y por lo que hemos descubierto en estos últimos días, y quizás por lo que falta por descubrir en torno al Ejército y la Policía, dedicados a reclutar en los estratos bajos de la sociedad urbana la carne de cañón de sus falsos positivos.
2).- Mafioso por la infiltración de la mafia en todas las ramas del Poder.
3).- Fracasado por lo que, precisamente, debido a su contenido alevoso y mafioso, no ha logrado alcanzar el primer postulado del contrato social contemplado tanto en la concepción de Hobbes como de Locke y Rousseau, a pesar de sus diferencias: vivir en paz.

                    LA CPI ASUSTA A URIBE

Dice el Secretario General de la CGT, Julio Roberto Gómez, que el alto gobierno colombiano le hizo conocer su molestia por la declaración que emitió en la W radio, en el sentido de que tarde o temprano los crímenes de lesa humanidad que se vienen cometiendo en el país, entre otros los denominados ‘falsos positivos’, tendrán que llegar a consideración de la Corte Penal Internacional (CPI).
Y en un reportaje que el máximo dirigente sindical de todos los tiempos en Colombia concede al periódico CONCERTACIÓN, de la central obrera FETRABOC, dice que “no acostumbro pedir cabezas, pero en este tema de los reclutados en barrios pobres de las ciudades para asesinarlos en los campos y hacerlos aparecer como combatientes de las Farc dados de bajo en combate, el primero que debió irse del cargo era el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos”.
Uno puede preguntarse con suspicacia o sin ella: ¿Por qué molesta tanto al presidente Uribe que se hable en Colombia de asuntos que pueden llegar a consideración de la CPI? No parece que sea por defender la buena imagen del país. Si fuera por eso, el Presidente ya debiera haber resuelto por la vía más rápida la salida del gabinete de ministros como Santos, cuya justificación para no estar en ese cargo conocemos de autos, y Valencia Cossio, impedido moralmente para adelantar cualquier debate sobre reforma política o judicial, pues, su hermano menor, llegado a altos cargos de la Fiscalía por recomendación de su hermano mayor (el ministro), resultó ser una ficha importante y testaferro también de encumbrados narcotraficantes y paramilitares.
Si fuera en defensa de la buena imagen del país, el Presidente está en mora de al menos suspender en su cargo al ministro de la Protección Social, Diego Palacio, quien probablemente se encuentre adelantando con dineros públicos una defensa imposible de su delito de cohecho, cometido en complicidad con la parlamentaria Jidis Medina cuando ésta vendió su voto en la última sesión del Senado que permitió la reelección del presidente Uribe.
Y si fuera por dignidad nacional que se procura no dar pábulo a la incursión de la CPI en Colombia, ¿qué hace en la embajada de Roma el ex ministro Sabas Pretelt, también incurso en ese mismo delito de cohecho en torno a la reelección y qué en la de México, Luís Camilo Osorio, ex Fiscal General de la Nación, famoso por engavetar los más importantes procesos judiciales contra destacados miembros del narcotráfico y la parapolítica?
¿Qué hacen libres su primo Mario Uribe y el ex jefe del DAS, Jorge Noguera, por quien un día dijo el Presidente que estaba dispuesto a meter sus manos al fuego? Libres, no por inocentes sino por irregularidades en el procedimiento, o fallas en el debido proceso, un elemento jurídico esencial de la democracia, la verdad sea dicha, pero que en Colombia sólo se le concede a quienes tienen harta saliva para tragar buen hojaldre.
Si no es por preservar la buena imagen del país, buena imagen que, entre otras cosas, ya está hecha hilachas merced a los anteriores casos que se citan sólo a manera de ejemplo, entonces… ¿Qué es lo que tanto mortifica al presidente Uribe cuando una persona, de algún nivel importante, especialmente en el campo internacional, como es el caso del Secretario de la CGT, menciona la posibilidad de que la CPI avoque estos casos de lesa humanidad?
No quiero ni pensarlo porque en esto parezco adivino. Hoy en las noticias que me llegan por el correo virtual del profesor Oscar Delgado, se informa que “cuatro ex presidentes padecen hoy afugias judiciales”.
La noticia se refiere a Carlos Menem, de Argentina; Sánchez Lozada, de Bolivia; Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón, de Costa Rica.
En mi libro “La mentira organizada”, del 2001, (Pags. 60 y 61) me refiero concretamente a Menem y agrego a Fujimori del Perú; De la Madrid y Salinas de Gortari de México; Carlos Andrés Pérez de Venezuela y Cardoso de Brasil… “que enfrentan el crudo juicio de la historia y otros que no han podido sacar sus bultos de los estrados judiciales”.
La molestia de Uribe con el Secretario General de la CGT por hablar de la posibilidad de que la CPI avoque estos incómodos asuntos debe ser por aquello de que, como dicen… “en casa del ahorcado no se habla de sogas”.

oquinteroefe@yahoo.com