Como en Colombia la memoria poco se utiliza, esta historia parece repetirse…

Eduardo Suescún Monroy

    Ya había pasado: En el siglo anterior, dos presidentes montaron, como Uribe ahora, la operación de su propia e inmediata reelección. No tuvieron escrúpulos y lo primero que hicieron, fue cambiar la Constitución en su propio favor. Ellos fueron: el general Rafael Reyes, en 1905 y el general Rojas Pinilla, en l954. Ambos resultaron reelegidos, por gozar también de un inmenso prestigio popular. Pero, considerados entonces como “Salvadores de la Patria”, han pasado a la historia contemporánea como dictadores. Y el pueblo, que los vitoreó y los endiosó, terminó por sacarlos de la Presidencia en las jornadas del 13 de marzo de 1909 y del 10 de mayo de 1957.

Dos prestigios desprestigiados

Estos caudillos que aparecen y desaparecen se dan porque la imaginación popular tiende a sobreestimar al líder que emerge en un momento de grave crisis y logra frenarla, aunque no resolverla. Esa  sobreestimación, mezcla de credibilidad y agradecimiento naturales y desconocedora generalmente del contexto y de las causas reales de la crisis, llega a atribuirle al caudillo de la hora, una estatura de estadista que no tiene y que corresponde más bien al tamaño de la crisis o catástrofe que él ha sorteado. Es lo que ocurrió con el general Reyes, a quien le correspondió reinventar al país después de la hecatombe de los Mil Días y lo que ocurrió con el general Rojas, a quien le correspondió parar la violencia desatada por los gobiernos de Mariano Ospina y de Laureano Gómez.

El prestigio de Reyes y el de Rojas, alcanzaron en su momento la misma inmensa dimensión que tuvieron las catástrofes que enfrentaron cada uno de ellos. Pero ese prestigio de que gozaron y por el cual fueron reelegidos, no pasó de ser un fenómeno del imaginario popular. Lo cierto es que no resistió la prueba de la realidad y desapareció aparatosamente, para tornarse en desprestigio, cuando Reyes primero, y Rojas, cincuenta años después, derivaron hacia gobiernos autoritarios, excluyentes e irremediablemente conservadores.

Hecho que tenía que suceder, dadas las fuerzas e ideas que acompañaban a los pretendidos caudillos provindenciales. Pero, como en Colombia la memoria poco se utiliza, esta historia parece repetirse…

Un prestigio levitante

Ahora el “salvador” histórico es Alvaro Uribe. El título proviene de  haber enfrentado la crisis que afloró cuando el desgobierno de Andrés Pastrana y el terrorismo de Tiro Fijo.

No la ha solucionado y, por las fuerzas e ideas conservaduristas que lo acompañan, probablemente no la va a solucionar. Pero el solo hecho de frenar semejante desastre, en un país sin alternativas y sin cultura política, le generó un reconocimiento y un prestigio muy altos. Tanto que ha podido gobernar levitando, fuera del alcance de la terrena realidad, pero con poderes omnímodos, y ahora perpetuos, sobre ella.

Por estar montado sobre esa ola de prestigio la votación por su reelección resultó tan copiosa. Además, concurrieron a esos resultados: la decisión unánime del establecimiento de apoyarlo, con todos los recursos, visibles e invisibles. Y obviamente, la decisión de los Estados Unidos. Decisiones que contaron con la bendición de la iglesia, y la exaltación de la prensa y de la televisión que, al unísono, presentaron a Uribe como el hombre providencial.

Por otra parte, la inexistencia de espacios de crítica. La imposibilidad en Colombia de confrontar la validez de las políticas públicas y de los hombres públicos, por ausencia en nuestras costumbres del debate intelectual. El discutible nivel de nuestra  cultura política, que desde hace más de medio siglo nos tiene sumidos en la misma crisis.

... y el reparto del botín

Estas circunstancias tenían que producir esos resultados electorales. Paradójicos porque son los de un plebiscito popular afianzando un gobierno que en muchos aspectos avanza  en contravía de los intereses populares. Comienza ahora lo más difícil: el proceso pos-releección.

El primer hecho ha sido Jamundí: hiela los nervios. Que el grupo élite de la Policía, en la lucha contra el tráfico de drogas, resulte ejecutada por un destacamento del Ejército, por intervención narcoparamilitar, pone de presente cómo no funcionan las leyes ni los valores democráticos en la institución militar. Y pone de presente también hasta donde ha llegado el nivel de descomposición del Estado, que posibilita un disfuncionamiento tan aberrante del servicio público de seguridad, y hasta donde ha llegado la descomposición de la sociedad, que  produce esos complots y esos trasgresores.

Esta masacre rebasa la responsabilidad penal de las personas individualmente comprometidas y lleva el problema al campo de  la responsabilidad política e institucional, es decir, del Estado y de  quienes tienen a su cargo el funcionamiento, el entrenamiento y la formación cultural de la Fuerza Pública, en lo cual evidentemente radica la falla. Falla antigua –masacre de los estudiantes, 1954;  Palacio de Justicia, 1984- que no ha sido diagnosticada ni tratada y que ha desvirtuado gravemente la acción militar. 

Otro hecho pos-electoral es el reparto del botín: los presupuestos, los ministerios, las embajadas, los institutos, los contratos. No van a alcanzar para pagar los servicios prestados por el cambio del “articulito”, por la unidad lograda de la prensa y la televisión en torno al Presidente, por la organización y puesta en marcha de las seis maquinarias –que no partidos- de la coalición de gobierno, por los votos puestos el 28 de mayo, por los votos que falta por poner para la neutralización de los organismos de control, por el apoyo oportuno y decisivo de los tránsfugas y otras especies que reclaman su cuota.

Todo esto hace ver síntomas de desinstitucionalización, de politiquería, de militarismo, de inequidad, de corrupción. En este proceso de pos-reelección se percibe el mismo conservadurismo del siglo pasado, que profundiza la crisis.

La juventud y los sectores realmente interesados en el futuro, tendrán que hacer un gran esfuerzo de renovación cultural para hacer comenzar el siglo XXI en la política colombiana.